Alcalde de Morelia busca reelegirse para perpetuar red de corrupción: Torres Piña
En un panorama donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser la norma, el gobierno de Morelia se ha sumergido en un escándalo que socava los cimientos mismos de la democracia y el buen gobierno. Revelaciones recientes han expuesto una práctica flagrante de desviación de fondos y nepotismo que clama por una investigación exhaustiva y, de ser necesario, sanciones ejemplares.
Carlos Torres Piña ha levantado la voz para denunciar las irregularidades cometidas por el gobierno municipal. Según las acusaciones, el alcalde de Morelia habría gastado la asombrosa cifra de 650 millones de pesos en obras públicas, ignorando por completo los procedimientos establecidos en el Reglamento Municipal de Adquisiciones.
El mecanismo utilizado para estos desembolsos, la adjudicación directa sin licitación, no solo constituye una afrenta a los principios básicos de la contratación pública, sino que también ha abierto las puertas de par en par a la corrupción y el conflicto de intereses. Constructoras vinculadas estrechamente con miembros del gabinete municipal han sido las principales beneficiarias de este despropósito, alimentando así la sospecha de que las decisiones administrativas están siendo dictadas por consideraciones personales y no por el interés público.
El desdén por las normativas establecidas no es solo una cuestión técnica; es un desafío directo al Estado de Derecho y a la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La insistencia del presidente municipal en evadir la rendición de cuentas, escudándose tras argumentos tan débiles como infundados, solo agrega insulto a la injuria. El pueblo de Morelia merece respuestas claras y acciones concretas, no eludiendo responsabilidades bajo el pretexto de coyunturas políticas.
Torres Piña no se detiene en sus denuncias. Al contrario, promete llevar la lucha contra la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Con pruebas irrefutables en la mano, anuncia su intención de formalizar una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. No se trata solo de señalar los errores del pasado, sino de sentar un precedente claro y contundente: en Morelia, la corrupción no será tolerada, y aquellos que la perpetúen rendirán cuentas ante la ley.
Es momento de que las autoridades competentes actúen con la firmeza y la celeridad que esta situación demanda. La integridad del proceso electoral y la legitimidad del gobierno municipal están en juego. La ciudadanía de Morelia observa atentamente, exigiendo justicia y transparencia en cada paso del camino. El futuro de la democracia local depende de ello.
