Alfonso Martínez amenaza con fiscalizar a comunidades indígenas de Morelia
En un movimiento que refleja la tensión entre el discurso de transparencia y las prácticas administrativas cuestionables, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha hecho una declaración que podría transformar el paisaje financiero de las comunidades originarias en la capital michoacana. Martínez Alcázar adelantó que ejercerá una rigurosa fiscalización sobre las comunidades que obtengan presupuesto directo por derecho, una medida que llega en un momento de alta controversia y escrutinio hacia su administración.
La declaración se produce en el contexto de la reciente solicitud de consulta de San Miguel del Monte ante el Instituto Electoral de Michoacán. La comunidad busca acceder a recursos directos, un proceso que Martínez Alcázar pretende vigilar muy de cerca. El edil, que ha transitado por distintas filiaciones políticas -del PAN al movimiento independiente ahora al PRD-, afirmó que su administración se comprometerá a garantizar el uso adecuado de estos recursos, citando la preocupación por la disciplina financiera en los autogobiernos.
“Seremos muy responsables del manejo de esos recursos. La preocupación que existe en los lugares que hay autogobierno es el manejo de presupuesto respecto a los lineamientos de disciplina financiera” señaló el alcalde.
No obstante, este anuncio llega en un momento donde el propio gobierno de Martínez Alcázar enfrenta serias acusaciones de irregularidades. Se ha señalado que el alcalde ha violado las reglas de operación de recursos financieros, adjudicando millones de pesos en obras directas a empresas con lazos estrechos con allegados políticos. Este historial cuestionable plantea una disonancia evidente entre el discurso y las prácticas de su administración.
Martínez Alcázar argumenta que el principal problema de los autogobiernos radica en la rendición de cuentas, un aspecto que, según él, será cuidadosamente supervisado si otras comunidades de Morelia ascienden al esquema de presupuesto directo. Sin embargo, la capacidad de su gobierno para implementar una fiscalización efectiva y objetiva será clave para que este compromiso no quede en meras palabras.
El reto para la administración de Martínez Alcázar será demostrar que puede manejar la fiscalización con la misma intensidad con la que se enfrenta a sus propias controversias financieras. La promesa de una vigilancia estricta deberá ir acompañada de acciones concretas que aseguren que la transparencia no sea solo un eslogan, sino una práctica arraigada en la gestión pública.
