Alfonso Martínez se heredará deuda millonaria a sí mismo
La administración del exalcalde Alfonso Martínez Alcázar, quien en su segundo mandato como independiente gobernó Morelia, deja un legado económico que genera preocupaciones en la capital michoacana. La administración saliente se enfrenta a una herencia de deudas que supera los 70 millones de pesos, una cifra que revela la cruda realidad de una gestión con severas limitaciones financieras.
Según datos recientes de la Plataforma de Transparencia, la insuficiencia de liquidez durante la administración de Martínez Alcázar condujo a la contratación de al menos cuatro créditos por un total cercano a los 400 millones de pesos. Estos créditos, cuya necesidad se justificó bajo el pretexto de cubrir “necesidades de corto plazo” y de “insuficiencia de carácter permanente”, han resultado en un costo significativo para el erario. En los últimos dos años, solo el pago de intereses de estos créditos ha devorado cerca de 50 millones de pesos.
El más reciente informe financiero revela que, para el cierre de la administración, el gobierno de Morelia aún debe 26 millones 123 mil 854 pesos de un crédito de casi 70 millones de pesos otorgado por BANOBRAS en 2022, con un plazo de amortización de 17 meses. Además, una deuda de 54 millones de pesos persiste de un crédito de 105 millones con la banca Afirme, mientras que otro préstamo de 37 millones con la misma institución todavía mantiene una mora de más de 17 millones de pesos.
Estos datos no solo reflejan una crisis de liquidez, sino también una alarmante falta de capacidad para gestionar adecuadamente los recursos y las relaciones con las instituciones financieras y los niveles estatal y federal. El discurso de la administración saliente se sustentó en una narrativa de emergencia y urgencia, pero el balance final sugiere una realidad mucho más preocupante: un gobierno que, al borde del colapso financiero, dejó a su sucesor una herencia de deudas abrumadora.
La herencia de Martínez Alcázar plantea preguntas cruciales sobre la viabilidad económica de la administración entrante y la necesidad de una gestión fiscal más transparente y eficiente en el futuro. Mientras la ciudadanía observa, los números hablan por sí mismos: una gestión que prometió soluciones a corto plazo, pero que en realidad ha engendrado un problema de largo plazo.
