Avanza Reforma para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro: Fabiola Alanís
La iniciativa Presidencial para elevar a rango constitucional el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha dado un paso crucial en el proceso legislativo. La propuesta, que ha contado con el respaldo de Morena, el Partido Verde y el PT, así como con el apoyo inesperado de algunos diputados de la oposición, fue aprobada en comisiones, según informó Fabiola Alanís Sámano, diputada local electa de Morena.
Durante un evento en Ciudad Hidalgo, Michoacán, Alanís Sámao detalló que el 1 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Articulo 123, lo que abre la puerta para que el programa sea consolidado como un derecho constitucional en septiembre próximo. Este programa, uno de los emblemas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado ser un pilar significativo en la política social de su administración.
Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a cerca de 160 mil jóvenes en Michoacán este año, proporcionando un ingreso mensual de 7 mil 500 pesos, equivalente a un salario mínimo. La inversión en este programa ha sido monumental, con una cifra acumulada de 127 mil millones de pesos entre 2019 y 2024, y una asignación específica de más de 24 mil millones de pesos para 2024. Hasta el momento, el programa ha alcanzado a 2 millones 855 mil jóvenes a nivel nacional, con un 58% de participación femenina y un 42% masculina. La tasa de éxito es notable, con seis de cada diez jóvenes logrando ser contratados tras completar su capacitación.
El esquema, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, asegura un salario mínimo durante un año de capacitación laboral en centros de trabajo, y se ha consolidad como una herramienta clave para la inclusión laboral. Además de brindar experiencia y habilidades profesionales, el programa apoya a micro y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones que actúan como tutores y potenciales empleadores para los jóvenes.
Alanís Sámano enfatizó el carácter dual del programa: por un lado, como una plataforma para el desarrollo profesional de los jóvenes, y por otro, como un soporte crucial para las pequeñas empresas y organizaciones que forman parte del ecosistema económico y social del país. La reforma constitucional no solo garantiza la continuidad del programa, sino que también refuerza su papel como un derecho fundamental.
Este avance legislativo refleja la consolidación de políticas públicas que buscan no solo atender las necesidades inmediatas de la juventud, sino también garantizar un impacto duradero en el tejido económico y social del país. La próxima etapa en septiembre determinará si esta iniciativa se convierte un una piedra angular del marco constitucional mexicano.