Ayuntamiento de Morelia busca boicotear autodeterminación de Capula
En lo que parece ser un intento descarado por frenar el ejercicio democrático de los habitantes de Capula, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, ha orquestado una serie de acciones destinadas a impedir la consulta popular convocada por la comunidad para analizar su viabilidad de autogobernarse y gestionar de manera independiente sus recursos.
El día de ayer, cientos de habitantes de Capula se preparaban para participar en una consulta libre, previa e informada que buscaba determinar la posibilidad de que la comunidad se regiera bajo un modelo de autogobierno, que le permitiría demandar su independencia presupuestal del municipio. Sin embargo, funcionarios del Ayuntamiento, entre ellos Adolfo Torres, director del OOAPAS; Marco Antonio Garibay, director de Mercados; Silvia Estrada Esquivel, excontralora del gobierno de Silvano Aureoles, y Guadalupe Herrera, secretaria de Fomento Económico, se desplegaron en el lugar con grupos de choque para obstaculizar el proceso.
Los testimonios de habitantes de Capula denuncian que los funcionarios no solo se limitaron a interferir en el acceso a las urnas, sino que también recurrieron a amenazas directas para inhibir la participación. “Nos dijeron que si votábamos, nos iban a quitar los servicios públicos, nos iban a cerrar el acceso a los mercados y nos perseguirían de todas las maneras posibles”, relató un vecino de la comunidad bajo condición de anonimato.
La razón detrás de este enérgico boicot radica en un cálculo económico muy claro: si Capula lograra obtener su independencia financiera y dejara de depender de las arcas municipales, el municipio de Morelia dejaría de percibir una cifra cercana a los 36 millones de pesos anuales, un golpe significativo para las finanzas del Ayuntamiento. Sin embargo, este rechazo al autogobierno no solo revela intereses fiscales, sino también un patrón autoritario en la gestión de Alfonso Martínez, quien, horas antes de la consulta, había descalificado el modelo de autogobierno propuesto por Capula.
En su intervención, el presidente municipal de Morelia no solo mostró su desdén hacia la consulta, sino que también evidenció la clara intención de frenar cualquier tipo de avance en la autonomía de las comunidades. Este comportamiento de Martínez, sumado a las agresiones de sus colaboradores, pone en evidencia una estrategia coordinada desde Palacio Municipal para deslegitimar los procesos democráticos en las comunidades rurales.
Lo que parecía ser una oportunidad histórica para que una comunidad decida su futuro y gestione sus recursos de manera autónoma, se ha convertido en un escenario de represión y violencia institucional, donde el derecho a la libre expresión y la autodeterminación están siendo pisoteados por aquellos que temen perder el control sobre los recursos públicos.
Los hechos en Capula, si bien no son aislados, representan un claro retroceso en los avances democráticos que debería promover un gobierno municipal comprometido con la participación ciudadana y la descentralización del poder. La actitud autoritaria del gobierno de Alfonso Martínez debe ser cuestionada, pues en lugar de promover el diálogo y la autonomía de las comunidades, se opta por el boicot y la intimidación.
En un estado democrático, el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio destino no debe ser objeto de manipulación ni de amenazas. La consulta de Capula no solo era un ejercicio de participación, sino también un paso firme hacia la construcción de un nuevo modelo de gobernanza que podría haber servido de ejemplo para otras comunidades de Michoacán. Pero mientras el gobierno municipal apueste por la represión y la intimidación, las demandas de autogobierno seguirán siendo un desafío para la democracia.4o mini
