Congreso de CDMX aprueba poner tope a rentas
En un giro legislativo que promete recalibrar el mercado de arrendamientos en la capital, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves una reforma fundamental en materia de vivienda. La modificación, que afecta tanto al Código Civil como a la Ley de Vivienda, introduce un nuevo mecanismo para controlar el aumento de las rentas, marcando un cambio significativo en la regulación del sector.
La reforma establece que el incremento anual en el monto de las rentas no podrá superar la tasa de inflación reportada por el Banco de México del año anterior. Este ajuste, basado en la inflación, sustituye al límite previo del 10 por ciento sobre el monto pactado, ofreciendo así una respuesta más alineada con la realidad económica actual. La medida pretende proteger a los arrendatarios de aumentos desmedidos en tiempos de inflación alta, una situación que ha sido fuente de creciente preocupación en la capital.
Además de limitar los aumentos, la reforma introduce una herramienta administrativa que busca mayor transparencia en el mercado de arrendamientos: un registro digital de contratos de arrendamiento. El gobierno capitalino será el encargado de administrar este registro, al que los arrendadores deberán ingresar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días a partir de su celebración. Este registro permitirá un mejor control y supervisión del mercado, al tiempo que facilitará la resolución de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
La medida, que surge en un contexto de creciente demanda de políticas públicas que equilibren la balanza entre inquilinos y propietarios, representa un esfuerzo por parte de la administración local para abordar la problemática de la vivienda de manera más estructural. La creación del registro digital no solo busca hacer más transparente el proceso de arrendamiento, sino también reducir la informalidad y los conflictos derivados de la falta de documentación adecuada.
Con estas modificaciones, el Congreso de la Ciudad de México envía un mensaje claro de que la regulación del mercado inmobiliario debe evolucionar para adaptarse a las necesidades cambiantes de la población. Esta reforma, que entra en vigor de inmediato, será un primer paso para reconfigurar las dinámicas del arrendamiento en la metrópoli, un desafío que exigirá atención constante y ajustes según la respuesta del mercado y las condiciones económicas.
En un entorno donde la crisis habitacional y la inflación son temas recurrentes en el debate público, esta reforma se presenta como un intento tangible de equilibrar las fuerzas y ofrecer una solución concreta a problemas que afectan a millones de ciudadanos. La gestión y eficacia de estas nuevas medidas serán clave para determinar si efectivamente logran el equilibrio buscado entre protección al inquilino y viabilidad para el arrendador.
