Diego “N” es absuelto pero permanecerá en prisión
En una audiencia que duró más de cinco horas, el juez Francisco Salazar Silva dictó sentencia absolutoria para Diego “N”, el joven de 19 años acusado de alterar con inteligencia artificial miles de fotos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con fines sexuales. La resolución, que afecta los casos de dos de las ocho víctimas que denunciaron violencia sexual digital, determina que no se pudieron comprobar los cargos en su contra.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez consideró que no existían elementos suficientes para demostrar que Diego “N” fue el responsable de alterar las fotografías, dado que no hubo testigos que pudieran acreditar su participación. Así, la sentencia, que bien podría haber sentado un precedente en Latinoamérica sobre la penalización de delitos relacionados con la violencia sexual digital, no condena al acusado por los cargos de manipulación de imágenes. Sin embargo, el proceso judicial no ha terminado, ya que el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, debido a su presunta responsabilidad en un caso relacionado con pornografía infantil, que corresponde a otra de las investigaciones en curso.
Valeria Martínez, abogada de las víctimas, condenó la resolución del juez, advirtiendo que apelarán la decisión. En una conferencia, explicó que aunque la sentencia es absolutoria por el momento, Diego “N” no ha sido declarado inocente, sino que la falta de pruebas suficientes impidió que se demostrara su culpabilidad en los casos analizados. Subrayó que, a pesar de la resolución, el delito de violencia sexual digital sigue existiendo y afecta directamente a las víctimas, quienes “resienten las consecuencias de este crimen”.
Martínez también recordó que el próximo lunes se celebrará una nueva audiencia de vinculación a proceso, esta vez por el caso de otra de las seis demandantes que aún están en espera de justicia. La abogada reiteró que existen suficientes elementos para acreditar la existencia del delito, aunque, según el juez, no se pudo determinar la responsabilidad de Diego “N”.
Este caso sigue siendo un reflejo de la creciente preocupación por los delitos relacionados con la violencia digital y la dificultad para probar la responsabilidad en un contexto tecnológico complejo. La expectativa está ahora puesta en las apelaciones y las siguientes audiencias, que podrían redefinir la manera en que la justicia mexicana enfrenta este tipo de crímenes.
