El polémico negocio de las licencias de alcohol bajo la gestión de Alfonso Martínez en Morelia

Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, ha dado luz verde a más de 100 licencias de tipo C para la venta de bebidas alcohólicas en el último año, esto a pesar de preocupaciones por el tema de seguridad.

Tan solo esta semana, se han aprobado 15 en la zona urbana, sumándose a paquetes anteriores que alcanzaron hasta 47 licencias en un solo mes, como ocurrió en octubre pasado. Este incremento exponencial no solo levanta sospechas sobre la intención detrás de la medida, sino que también intensifica el cuestionamiento sobre las prioridades administrativas del edil.

Esto se convierte en un negocio muy rentable para el Ayuntamiento con la presencia de alcoholímetros en diversos puntos de la ciudad desde hace tres años, que además de controlar el consumo, han generado acusaciones por abusos en los cobros de grúas, corralones y otros actos que afectan a los ciudadanos. Este contexto no hace sino subrayar la percepción de un lucrativo negocio en torno a la regulación del consumo de alcohol.

La política de uso de suelo del centro histórico de Morelia en la última década, especialmente durante los seis años de administración de Martínez Alcázar, ha resultado en un aumento desproporcionado de antros y bares por cuadra, eclipsando a los museos y espacios turísticos que deberían ser la joya de la corona cultural de la ciudad.

Actualmente, se estima que Morelia cuenta con más de 6 mil bares y antros, además de otros 6 mil establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. Esta proliferación no solo plantea serias interrogantes sobre la planificación urbana y la sostenibilidad social, sino que también representa un desafío inminente para la seguridad pública y el bienestar comunitario.

La controversia en torno a las licencias de alcohol refleja un problema más amplio de gobernanza y prioridades municipales en Morelia. Mientras se buscan respuestas y soluciones, la ciudadanía enfrenta las consecuencias de una política que, en lugar de promover el desarrollo integral y responsable, parece haber favorecido intereses particulares.

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