Gobernadores se unen en defensa de la prisión preventiva oficiosa ante la SCJN
Los mandatarios de los 32 estados de México, representando una diversidad política que va desde Morena hasta el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han unido fuerzas para hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitando que no se modifique la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Este movimiento surge en un momento de controversia, ya que la SCJN está considerando varios proyectos para modificar esta figura, tras una sanción emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el año pasado, que instó a México a retirarla de su Constitución.
La prisión preventiva oficiosa, que permite enviar automáticamente a prisión a los acusados en una serie de delitos durante la primera fase del proceso judicial, es vista por los gobernadores como una herramienta vital para mantener la seguridad en el país. Argumentan que modificarla tendría graves repercusiones en la seguridad y gobernabilidad de México.
En una carta dirigida a la SCJN, los gobernadores advierten sobre el “colapso” que enfrentarían los tribunales federales si cada solicitud de modificación a esta medida cautelar tuviera que ser analizada. La prisión preventiva oficiosa afecta a unas 68,000 personas en las cárceles mexicanas, representando un tercio de la población carcelaria del país.
Aunque la SCJN se encuentra en proceso de evaluación de estos proyectos, la voz de los gobernadores se alza para expresar su preocupación y oposición a cualquier cambio que pueda debilitar esta figura. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respaldado la posición de los gobernadores, celebrando su unión en defensa de la prisión preventiva oficiosa.
