Jueza revoca liberación de Vera Carrizal por ataque con ácido a saxofonista

En un giro que ha sacudido el ámbito judicial oaxaqueño, el caso del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, acusado como actor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, ha sido objeto de una batalla legal que refleja la profunda crisis de justicia que vive el país.

El 14 de agosto, el juez José Gabriel Ramírez Montaño dictó una resolución inaudita, absolviendo a Vera Carrizal y sus coacusados, Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez, de los cargos de tentativa de feminicidio, aduciendo la falta de pruebas. Esta decisión provocó la inmediata liberación de los imputados, un acto que generó una ola de indignación y protestas, tanto en la sociedad civil como en la esfera política.

Sin embargo, la respuesta institucional no se hizo esperar. Horas después, la jueza María Antonia Esteva Domínguez intervino de manera tajante, revocando la orden de liberación y dictando que los acusados continuaran bajo la medida cautelar impuesta inicialmente. En un comunicado dirigido al Centro Penitenciario Varonil del Tanivet, la jueza dejó claro que la boleta de libertad carecía de validez y que el proceso debía continuar conforme a la medida cautelar previa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, que había criticado vehementemente la decisión del juez Ramírez Montaño, respaldó la acción de la jueza Esteva Domínguez. Según la FGE, la absolución dictada por el tribunal de enjuiciamiento era no solo insuficiente, sino un grave menosprecio a los derechos de la víctima. La fiscalía aseguró que se tomarían todas las acciones legales posibles para revertir la decisión que consideraban una afrenta a la justicia.

María Elena Ríos, víctima del brutal ataque que sufrió el 9 de septiembre de 2019 y que la dejó con quemaduras graves en el 90% de su cuerpo, no tardó en manifestar su desesperación y frustración en redes sociales. En un mensaje cargado de indignación, Ríos denunció la corrupción y la impunidad que, según ella, siguen prevaleciendo en el sistema judicial de Oaxaca. “Ganó la corrupción. 20 minutos le tomó a este juez corrupto la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia”, escribió en X, antes Twitter.

La controversia ha desencadenado una serie de reacciones entre activistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades estatales. El gobernador Salomón Jara Cruz y la titular del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, han llamado a una investigación exhaustiva sobre la conducta del juez Ramírez Montaño, en busca de esclarecer posibles actos de corrupción y asegurar que la justicia prevalezca en este caso emblemático.

La situación en Oaxaca pone de manifiesto las fallas y tensiones dentro del sistema judicial mexicano, reflejando una vez más la necesidad urgente de reformas profundas para garantizar una justicia verdadera y equitativa. Mientras tanto, el caso de María Elena Ríos continúa siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.

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