Michoacán, el primer estado en presentar Reforma al Poder Judicial local
Michoacán ha hecho historia. En un acto sin precedentes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha presentado la primera Reforma al Poder Judicial local en la República Mexicana, colocando al estado a la vanguardia de los cambios institucionales a nivel nacional y abriendo un debate sobre la democratización de un poder que, desde la era de Porfirio Díaz, se ha mantenido prácticamente intacto.
El mandatario anunció que la Reforma será enviada al Congreso de Michoacán para su discusión y, en su caso, aprobación. Esta decisión marca un antes y un después, no solo para la estructura judicial del estado, sino también para el país.
“El Poder Judicial es el único que no había sido reformado ni a nivel local ni a nivel federal desde la época porfirista”, subrayó, aludiendo a la rigidez de un sistema que durante más de un siglo ha permanecido impermeable a las transformaciones democráticas que han atravesado el resto de los poderes.
Lo que propone la Reforma es, en esencia, una reconfiguración radical del acceso al Poder Judicial. A partir de 2025, las michoacanas y los michoacanos tendrán la posibilidad inédita de elegir a sus magistrados y jueces mediante el voto popular, libre y directo. Este nuevo modelo busca garantizar que quienes impartan justicia en el estado cuenten con una legitimidad conferida directamente por la ciudadanía.
Este movimiento en Michoacán resuena profundamente en una nación que ha sido testigo de múltiples transformaciones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que había dejado al Poder Judicial al margen de cualquier revisión. Lo que está en juego no es menor: la justicia, uno de los pilares fundamentales de la vida republicana, ahora podría responder de manera más directa a los intereses y demandas de la sociedad.
La Reforma al Poder Judicial no solo busca una mayor transparencia en la designación de los jueces y magistrados, sino que también se perfila como un mecanismo para combatir la corrupción y las influencias indebidas que, en ocasiones, han manchado la credibilidad del sistema judicial. Al abrir este proceso al voto popular, Michoacán apuesta por un modelo participativo, aunque también coloca sobre la mesa los desafíos que implica introducir la dinámica electoral en la impartición de justicia.
Con esta propuesta, el gobernador Ramírez Bedolla no solo se posiciona como un actor clave en la transformación de las instituciones locales, sino que también envía un mensaje al resto de los estados y a la federación: la justicia debe ser un poder renovado y accesible para el pueblo.
