Mujeres privadas de la libertad son discriminadas y revictimizadas, advierte Fabiola Alanís
La alarmante falta de sentencia para las personas privadas de la libertad en México esconde una profunda desigualdad de género, según lo denunciado por Fabiola Alanís Sámano, diputada local electa de Morena.
Basándose en el reciente Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI 2023, Alanís expuso que, al cierre de 2022, la población penitenciaria alcanzó las 226 mil 116 personas, de las cuales 94.4% eran hombres y el 5.6% mujeres. A pesar de ser una minoría, las mujeres enfrentan una situación desproporcionadamente más injusta.
En promedio, el 39% de las personas privadas de la libertad no contaba con una sentencia. Sin embargo, esta cifra se eleva significativamente en el caso de las mujeres, alcanzando un 49.3%, comparado con el 38.4% de los hombres. Este dato, subrayó la diputada, es una muestra clara de la falta de perspectiva de género en el sistema de justicia.
En Michoacán, la situación es igualmente preocupante. Según Alanís Sámano, quien también fue titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), de las 6 mil 473 personas internadas en los 11 centros penitenciarios estatales, 1 centro especializado y 1 centro penitenciario federal, 37 eran mujeres. Para ellas, el tiempo de espera de sentencia de 24 meses o más fue del 29.7% comparado con el 26.7% de los hombres.
La situación se agrava al considerar el tipo de prisión preventiva. Del total de población sin sentencia, el 50.2% se encontraba en prisión preventiva oficiosa, el 23.9% en preventiva justificada, el 11.4% en otros supuestos jurídicos y el 14.5% restante sin identificar el tipo de estatus jurídico. En particular, el Estado de México y Michoacán reportaron que el 100% de su población sin sentencia estaba en prisión preventiva oficiosa.
Fabiola Alanís Sámano concluyó ratificando la necesidad urgente de una Reforma al Poder Judicial. Argumentó que los espacios judiciales actúan como guardianes del patriarcado, perpetuando la discriminación y la revictimización de las mujeres. La reforma, según la exfuncionaria federal, es indispensable para instaurar una verdadera perspectiva de género en el sistema judicial mexicano.
Esta denuncia pone en evidencia no solo la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres en el sistema penitenciario, sino también la necesidad imperiosa de reformas profundas y efectivas que promuevan la justicia y equidad de género en México.
