Multan a Xóchitl Gálvez por calumniar a Sheinbaum
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictado un fallo que subraya la frontera entre la libertad de expresión y la calumnia en el ámbito político. La ex candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha sido sancionada con una multa de más de 65,142 pesos por emitir acusaciones infundadas contra Claudia Sheinbaum Pardo y el partido Morena durante los debates presidenciales de 2024.
La decisión del TEPJF responde a las declaraciones de Gálvez en los debates de abril de 2024, donde se refirió a la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia como una “narcocandidata” y a su partido como un “narcopartido”. El tribunal determinó que tales acusaciones, sin el respaldo de pruebas mínimas y concretas, no solo carecen de fundamento, sino que tienen el potencial de dañar la reputación de Sheinbaum y distorsionar la percepción pública en un contexto electoral sensible.
Este fallo no solo penaliza a Gálvez, sino que también afecta a los partidos que la apoyaron. PAN, PRI y PRD han sido multados con 21,714 pesos cada uno por su incumplimiento del deber de cuidado, ya que las afirmaciones calumniosas hechas por su candidata no fueron debidamente verificadas ni rectificadas. El tribunal ha dejado claro que la emisión de propaganda electoral no debe ser un vehículo para la desinformación, sino un espacio para el debate basado en hechos y evidencias.
La Sala Especializada argumenta que las expresiones usadas por Gálvez no están protegidas por la libertad de expresión, pues la misma exige una base mínima de veracidad. En este caso, el tribunal encontró que las acusaciones de Gálvez incumplieron este estándar, dado que no se basaron en una investigación razonable ni en comprobaciones de la realidad. Así, el fallo resalta la importancia de que los actores políticos actúen con responsabilidad y veracidad al presentar sus argumentos en el arena pública.
Esta decisión del TEPJF tiene implicaciones significativas para la política mexicana, enviando un mensaje claro sobre los límites de la retórica política y la responsabilidad de los candidatos y partidos en la presentación de sus argumentos. En un momento en el que la confianza en las instituciones y el discurso político se encuentra en constante escrutinio, la resolución del tribunal marca un paso hacia la restauración de la integridad en el proceso electoral.
