Ni dictadura ni autoritarismo; Reforma al Poder Judicial se hizo por la vía constitucional
En su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue categórico al descalificar los intentos de la oposición por frenar la reforma constitucional al Poder Judicial.
“No hay fundamento legal para objetarla”, sentención con la firmeza que caracteriza su retórica. Y es que, según el mandatario, se han cumplido todos los preceptos que establece la Constitución para modificarla, de acuerdo con el artículo 135, que requiere mayoría calificada en ambas Cámaras y el aval de al menos 17 congresos locales.
La oposición, deseperada por minar cualquier logro del gobierno actual, está en su derecho de presentar recursos, pero la realidad es que sus maniobras son inefectivas. Las reglas del juego han sido respetadas al pie de la letra, y la reforma ya está en vigor. El mismo presidente lo dejó claro: “Ya todo se hizo, ya salió adelante y que bueno”. No hay espacio para dudas, ni mucho menos para ilusiones de frenar este avance que, de fondo, busca limpiar lo que López Obrador definió como una “asociación delictuosa” entre jueces, magistrados y ministros que, durante años, actuaron en complicidad con intereses ocultos.
En medio de este debate sobre la reforma judicial, López Obrador lanzó un dardo envenenado al expresidente Ernesto Zedillo, quien durante su participación en un congreso en México afirmó que el país va rumbo a una dictadura. El presidente no dudó en calificar como “de risa” esas declaraciones y, sin perder la oportunidad, recordó las cicatrices que Zedillo dejó en la nación: el Fobaproa, la privatización de los ferrocarriles y la masacre de Acteal, eventos que, sin duda, marcaron uno de los periodos más oscuros en la historia reciente de México.
Resulta irónico, cuanto menos, que Zedillo hable de dictaduras cuando fue su gobierno el que impuso una de las decisiones más onerosas para el pueblo mexicano: el rescate bancario del Fobaproa, que socializó las pérdidas de los grandes capitales a costa de las finanzas públicas. Como suele ocurrir, quienes desestabilizan los cimientos de un país suelen tener la memoria corta cuando se trata de sus propios crímenes.
El trasfondo de la reforma al Poder Judicial está claro. López Obrador busca, una vez más, demoler las estructuras corruptas que, desde hace décadas, han permitido la impunidad en los más altos niveles del poder. Los jueces y ministros, lejos de reaccionar con responsabilidad ante las acusaciones de corrupción, se hundieron más en el lodo de sus componendas, como señaló el mandatario.
A pesar de los berrinches de la oposición y los viejos fantasmas del pasado que resurgen con discursos alarmistas, la reforma sigue su curso. El presidente, confiado en el peso de la legalidad que respalda su proyecto, se mantiene firme. Como siempre, la historia será la encargada de juzgar quién tenía la razón. Pero, por ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación sigue avanzando, y sus detractores no han podido hacer más que lanzar acusaciones sin sustento.
